El Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional acaba de identificar y bloquear en Madrid una decena de inmuebles abonados con las comisiones millonarias pagadas por la ingeniería española Duro Felguera a media decena de jerarcas y altos cargos chavistas.

El juez Ismael Moreno ha acordado la prohibición de venta de las viviendas de lujo, aparcamientos, oficinas y productos financieros sufragados durante los últimos años con los fondos que destinó la compañía asturiana al presunto pago de «comisiones delictivas» a ex altos cargos del Gobierno de Venezuela por importe de al menos 14 millones de euros. Asimismo, cita a todos los implicados para que declaren ante la Audiencia Nacional.

El motivo de estos pagos de Duro Felguera, sostiene la Fiscalía Anticorrupción, era el de conseguir la construcción de una central eléctrica de 1.500 millones en el país, cuyo proyecto recibió la denominación de Termocentro. Se trataba de una central térmica clave para abastecer de suministro a Caracas y a sus alrededores, reseñó Esteban Urreiztieta, en EL MUNDO.

Cabe recordar que la misma Duro Felguera que está siendo acusada por la Audiencia Nacional en este momento de graves delitos de corrupción ha sido una de las empresas recientemente rescatadas por el Gobierno que preside Pedro Sánchez. En este caso tras la inyección de 120 millones de euros públicos al considerarla estratégica para la economía española. Concretamente se le ha concedido por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) un préstamo participativo de 70 millones, otro ordinario de 20 millones, así como la entrada en su capital o un préstamo ordinario de 30 millones.

La reciente decisión de la Audiencia Nacional de bloquear el dinero blanqueado con las comisiones tiene lugar tras recibir el contenido de las comisiones rogatorias libradas a Andorra, Suiza y Mónaco. La documentación de las mismas ha aflorado el destino final de los 14 millones de dólares abonados por Duro Felguera al ex viceministro de Energía de Hugo Chávez, Nervis Villalobos, que a su vez, siempre según el relato del Ministerio Público, procedió al reparto de fondos entre diferentes altos cargos gubernamentales que tenían capacidad de decisión sobre el proyecto de la central eléctrica en el país caribeño.

De esta forma, la compañía española contrató como «agente» a Villalobos, que se encargó «del soborno y tráfico de influencias en Venezuela» para obtener los permisos canalizando los pagos a través de países como Suiza o Singapur. Extremo que la defensa de este último niega rotundamente y asocia los pagos a otras actividades financieras.

Entre los receptores de estos supuestos sobornos, Anticorrupción señala a Luis Carlos de León y Javier Alvarado, que tal y como subraya la Policía Judicial, ostentaban «puestos dentro de las empresas públicas dependientes del proyecto Termocentro, concretamente en la empresa pública Electricidad de Caracas (EDC), incardinada en el Ministerio de Energía». No en vano, Alvarado llegó a ocupar el puesto de viceministro de Energía. Ambos «culminaron el cobro de comisiones que blanquearon en España a través de la inversión en inmuebles y vehículos de alta gama». Toda vez que «favorecieron los intereses de la firma española en la adjudicación millonaria».

«De León y Alvarado ostentaban puestos de total capacidad de decisión dentro del sector energético para la contratación de empresas como ocurrió con Duro Felguera o con Elecnor e Iberdrola», sostiene por su parte la Fiscalía, representada en este caso por los fiscales José Grinda y Juan José Rosa. Ambos recibieron fondos procedentes de la sociedad Winrain Business, controlada por Villalobos, que previamente había percibido 14 millones de dólares de la entidad Terca CA, a la que Anticorrupción vincula directamente con Duro Felguera.

Por citar algunos ejemplos, De León percibió 3,8 millones de dólares procedentes de la sociedad de Villalobos. En el caso de Javier Ochoa Alvarado y de su esposa Mariela Consuelo Pardi de Alvarado, «blanquearon» las comisiones de Duro Felguera a través de inmuebles adquiridos en España por su sociedad Estrijol y por la panameña Lairholt Finance Limited. Lo hicieron a través de una cuenta en la Banca Privada de Andorra (BPA), con la que movieron al menos tres millones de dólares.

También enclavan los investigadores entre los receptores de sobornos a Julia Elba Van den Brule, «actualmente residente en España y que ocupó cargos como fundadora y administradora de una filial petrolera de PDVSA en España y fue asesora ejecutiva en 2005 del Ministerio de Energía y Petróleo en el momento en el que Rafael Ramírez era el responsable y Villalobos era el viceministro». Esta última disponía de otra sociedad panameña, denominada en este caso Inversiones Eclipsi, y de otra más en Belice. Mediante este entramado percibió comisiones por importe de al menos 760.811 euros.

En el caso del matrimonio Alvarado, el juez ha procedido a bloquear una vivienda en el número cuatro de la madrileña calle Nebulosas, así como plazas de garaje y trasteros en el mismo edificio. En el edificio contiguo, en el número dos de la misma calle, Van den Brule adquirió otra vivienda con garaje y trasteros que también ha sido intervenida.

Asimismo, la Audiencia Nacional ha encontrado un importante patrimonio inmobiliario adquirido en España con cargo al dinero de Duro Felguera por parte de Luis Carlos de León y de su mujer, Andreina Gámez Rodríguez, «colaboradora de su marido, no sólo en el disfrute de los beneficios de las comisiones cobradas de forma fraudulenta sino en la participación en la creación de sociedades, contratos y en la recepción de transferencias para introducir los beneficios económicos en España y otros países».

Ambos «invirtieron el dinero no sólo en la compra de inmuebles sino también en la compra de valores y otros títulos, así como mediante la ampliación de capital en la constitución de diferentes sociedades». Así, por citar algunos ejemplos, Gámez llevó a cabo una ampliación de capital de tres millones de euros en su sociedad Sansobino 1977, S.L. Lo hizo mediante la aportación de un inmueble adquirido en Madrid mediante transferencias ordenadas desde cuentas suyas en la BPA vinculadas a su vez a una sociedad panameña, Ribston Investments.

De manera paralela el matrimonio creó una SICAV bautizada como Ibermilenium, S.A., con la que controlaban 4,5 millones de euros. Pero también adquirieron en 2014 un chalé de cuatro millones de euros en La Moraleja. Tanto este inmueble, ubicado en la calle Vereda de los Álamos, como un dúplex en el número 4 de la calle Tahona de Madrid con varias plazas de garaje, han sido bloqueados por el juez de la Audiencia Nacional. Asimismo, ha hecho lo propio con todos los productos financieros y cuentas bancarias de la pareja.

Según la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, «una vez orquestada la primera fase para el cobro de comisiones, justificado a través del contrato entre la firma española y la venezolana, se debía crear una estructura legal que fundamentara el cobro de las mismas entre los actores intervinientes».

«Ello se hizo desde una compleja y opaca operativa de transferencias bancarias a través de la creación de estructuras societarias con el apoyo, entre otros, de la BPA». Para ello, «crearon sociedades off shore en paraísos fiscales como Panamá, Islas Vírgenes o Emiratos Árabes con el asesoramiento de despachos especializados como Alemán Cordero & Galindo, conocido por Los Papeles de Panamá». También recalca la Policía que «las transferencias cruzadas entre los investigados» se crearon «contratos ficticios».

 

 

 

Vía EL MUNDO

Fuente: Prensa América