El manejo de Monómeros Colombo Venezolanos S. A., bajo la administración de la oposición, es objeto de escrutinio luego de que la Superintendencia de Sociedades de Colombia aplicara de nuevo una medida de control sobre la empresa, tras detectar que enfrentaba problemas de liquidez, demandas laborales por casi la mitad de los trabajadores que tiene en nómina e incumplimiento de algunos protocolos de transparencia, entre otras situaciones, reseñó Ariadna García en Crónica Uno.

La crisis por la que atraviesa la compañía genera debates dentro de la Asamblea Nacional (AN 2016-2021) por parte de diputados que exigen más transparencia sobre el manejo que se le ha dado al activo venezolano en Colombia, el cual produce fertilizantes para rubros como café y papa y manea un 40 % del mercado en ese país. La expresidenta de la junta directiva de Monómeros, Carmen Elisa Hernández, renunció a su cargo en una carta con fecha del 12 de septiembre, al estar en desacuerdo con la respuesta que la junta directiva dio a SuperSociedades.

Hernández aseguró, en una sesión extraordinaria de la Comisión de Contraloría de la AN 2016-2021 celebrada el 20 de septiembre, que no fue consultada para el comunicado que emitió Monómeros a la Superintendencia. A juicio de la ingeniera, la posición que asumió la compañía fue retadora y puso en entredicho las razones que llevaron a SuperSociedades a adoptar la medida de control.

“Manifesté mi desacuerdo, no hubo un debate, no hubo la discusión de su contenido, esto generó incomodidades y se interpretó como una confrontación de Monómeros hacia un ente colombiano. Me pareció un desatino luego del apoyo que hemos recibido del presidente Duque y de las instituciones colombianas. Además, el comunicado tampoco fue consultado con el gobierno interino”, dijo Hernández. La expresidenta no descartaba que Monómeros pudiera apelar la decisión, pero no del modo en que se manejó la respuesta.

El 7 de septiembre Monómeros divulgó un comunicado en su cuenta de Twitter en el que informaba que estaba en desacuerdo con la medida de SuperSociedades. “La Superintendencia parece haber basado su decisión en información desactualizada y en apreciaciones que no se compadecen con las actuales realidades económicas del país. Por este motivo, Monómeros Colombo Venezolanos S. A. presentará los recursos de ley, con el fin de solicitarle a Superintendencia de Sociedades que revoque su decisión”, se lee en el documento.

Pero la información contenida en la resolución 2021-01-515418 reveló que a mediados de este año la situación económica de la compañía era crítica. La institución advirtió que Monómeros no tendría liquidez para seguir desarrollando su operación normal a partir del 16 de agosto y que podría incumplir con los pagos de sus obligaciones.

La diputada Sandra Flores (2016-2021) interpeló a Hernández por la contratación del abogado Abelardo De La Espriella, quien asistió a Alex Saab durante seis años, este último está encarcelado en Cabo Verde desde junio de 2020 a petición de Estados Unidos que lo acusa de liderar una red de corrupción entre Venezuela, México y Colombia. El gobierno de Maduro ha dicho que Saab es un asesor clave en sus operaciones y hasta pidió que fuera incluido en la mesa de negociación que se lleva a cabo en México entre el chavismo y la oposición.

“Yo no promoví a Abelardo De La Espriella, lo contrató el gerente general anterior Gustavo Sol, inicialmente Ramón Crespo había llevado a uno de los abogados de esta firma, para la salida de los contratos con Merco, luego formaliza este contrato Gustavo Sol. Mi actuación en ese momento fue manifestar mi preocupación por los antecedentes de este bufete de abogados; de hecho, hice una llamada al representante en Colombia de la OFAC, para confirmar que no tendríamos consecuencias con nuestra licencia, por contratar a estas personas. La junta directiva no tiene funciones de contratación de asesores, de abogados, todo esto es competencia de la gerencia general”, respondió Hernández.

Flores también interrogó a la expresidente por el cargo en la gerencia financiera que otorgaron a William Otero De La Espriella, primo hermano del abogado de Alex Saab.

Desde 2017 la compañía ha enfrentado dificultades para acceder a financiamiento en Colombia debido a las sanciones de Estados Unidos al gobierno de Maduro. Las trabas para acceder a créditos no han sido solventadas, a pesar de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) otorgó una licencia en 2019 que le permite operar.

Carmen Elisa Hernández dijo que contratación de los servicios de De La Espriella Lawyers Enterprise, “la aprobó y la hizo directamente el ingeniero Gustavo Sol”: “Se llevó al seno de la junta directiva la inconveniencia y, dada mi investigación, se quedó de acuerdo, en consenso, que no había problema en que el abogado De La Espriella, no directamente él, sus abogados, nos representaran”.

Abelardo De La Espriella es fundador y director de De La Espriella Lawyers Enterprise, una firma de consultorías y servicios legales especializados, que  lleva 15 años formada y cuenta con centros de operación en las ciudades de Barranquilla, Bogotá, Medellín y Miami, según se puede leer en su página web.

En junio de 2020 De La Espriella dijo a El Tiempo que fue abogado de Alex Saab y lo representó en Colombia desde el año 2013: “Fui primero su asesor legal en temas reputacionales; luego, lo representé en sus procesos legales y lo hice hasta el año pasado, (julio) 2019. Una vez que Saab fue incluido en la lista OFAC, decidí no seguir representándolo y desde ese mismo día le notifiqué mi decisión y de mutuo acuerdo terminamos nuestra relación cliente/abogado”. De La Espriella también dijo que fue abogado de Juan José Rendón. Hasta mayo de 2020 J. J. Rendón fue estratega general del Comité presidencial de Juan Guaidó.

Los De La Espriella, según Carmen Elisa Hernández, fueron contratados por consenso. “Estábamos los cinco en ese momento, estuvo de acuerdo toda la junta directiva”, dijo y reiteró que “no influyó de ninguna manera para considerar a estas personas”. “El gerente general lleva la propuesta y la junta directiva la aprueba”, apuntó.

En una memoria y cuenta que rindió la junta el 29 de julio de 2020 señalaron que entre las irregularidades que encontraron era que 70 % de los contratos los manejaba un mismo grupo económico, sin haber concursado por licitaciones. Hernández evitó mencionar el nombre del grupo por investigaciones que había en curso. Sin embargo, indicó que hasta ese momento no habían encontrado algún documento que lo vinculara directamente al empresario colombiano Alex Saab. En la rendición de cuentas de 2020 no se mencionaron los servicios que contrataron con el bufete de De La Espriella, ni tampoco en la memoria y cuenta que presentó la junta ad hoc de Pequiven el 23 de julio de 2021.

 

Fuente:  Crónica Uno