José Luis Santoro es un empresario venezolano, presidente del Grupo Empresarial Santoro, que agrupa empresas de distintos sectores. El 3 de marzo la Fiscalía de República Dominicana dictó una orden de captura en su contra por presuntos delitos de estafa y lavar activos por unos $28,8 millones. Oriundo de Cabimas, estado Zulia, egresó como ingeniero agrónomo de la Universidad Central de Venezuela, aunque nunca ejerció la profesión, expone la biografía publicada en su página web. Para esa fecha, sus padres Soccorso Santoro y Celia Castellano eran propietarios de una fábrica de muñecas. Con ellos conformó el Grupo Empresarial Santoro en la década de los 80, con la apertura de la compañía Plásticos Celia C.A., una de las primeras manufactureras de juguetes plásticos en Venezuela. “En 1984 fue elegido presidente de la Cámara Venezolana del Juguete, en 1988 asumió como presidente de la Federación de los Pequeños y Medianos Industriales de Venezuela (FEDEINDUSTRIA), así como también, se desempeñó como presidente del Consejo Andino de la Pequeña y Mediana Industria, presidente del Consejo Latinoamericano de la Pequeña y Mediana Industria, vicepresidente de la Cámara Venezolana de Televisoras Independientes y miembro del directorio del Banco de los Trabajadores de Venezuela y del Consejo Superior del Iesa. Santoro preside TIC Televisión, Croma C.A., Plásticos Celia, Ferretería Construye y Crea Maracay, Impresos Latinoamericanos y Doral Rent A Car en Florida. Además, es accionista de Televisora Sindoni (TVS), Diario El Aragüeño y Banco Peravia de Ahorro y Crédito en República Dominicana, esta última intervenida por las autoridades de República Dominicana por un fraude que devino en la orden de captura que también incluye a Gabriel Jiménez Aray, vicepresidente del banco, y al ejecutivo Daniel Morales Santoro. Peravia fue intervenido por la Superintendencia de Bancos de la isla caribeña, a propósito de denuncias por operaciones irregulares. En noviembre de 2014 los organismos de seguridad de República Dominicana fueron informados de la existencia de 11 empresas utilizadas por el Banco Peravia para el desvío de fondos, fuga de capitales y otros negocios regentados por José Luis Santoro y Gabriel Jiménez. Las compañías se habrían dedicado al desvío de fondos en República Dominicana, Panamá, Estados Unidos y Curazao, según una publicación de El Nacional de Santo Domingo del 27 de noviembre de 2014. De acuerdo con el sitio opencorporates.com, Santoro es accionista de dos empresas registradas en Panamá y cuatro más inactivas en EEUU.

Entre los juguetes y las muñecas de plástico, en la fábrica de Plásticos Celia C.A –una de las primeras manufactureras de juguetes en el país- en el estado Aragua, se formó como empresario. En 1984 logró posicionarse como presidente de la Cámara Venezolana del Juguete y, cuatro años después, asumió la presidencia de la Federación de los Pequeños y Medianos Industriales de Venezuela (Fedeindustria). Siempre de traje, corbata y bigote, José Luis Santoro Castellano, se define como el “ejemplo de un venezolano luchador”.

Su vida empresarial se ha caracterizado por la variedad, el espectáculo y el juego: es propietario de TIC Televisión, la empresa Croma C.A, fue accionista de la entonces Televisora Sindoni (TVS) –hasta enero de 2010 cuando la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) le retiró la concesión a la familia Sindoni-, accionista del diario El Aragüeño y presidente del Grupo Empresarial Santoro.

En 2011 inició su conversión: de magnate aragüeño a banquero internacional, con la compra del Banco Peravia de Ahorro y Crédito, S.A –una institución financiera con más de 30 años de historia- en Republica Dominicana. Tres años después de su compra, sin embargo, la Fiscalía del Distrito Nacional del país antillano inició las investigaciones por motivo del quiebre de la entidad bancaria, que era dirigida por Santoro y su socio, el abogado venezolano, Gabriel Jiménez Aray. Ambos fueron acusados, en 2015, por el lavado de 28,8 millones de dólares. Entre los 5.000 afectados por la fractura de la institución figuran 100 venezolanos, de hecho, más de 3,5 millones de dólares del Banco Central de Venezuela (BCV) – que eran parte de un pago inicial para importar una decena de vehículos blindados- se perdieron en el Peravia.

José Luis Santoro nació en Cabimas, estado Zulia, el 29 de marzo de 1958, en el seno de una familia de italianos que llegaron a Venezuela para dedicarse al negocio de la juguetería y la fabricación de muñecas. Pero es la ciudad de Maracay, estado Aragua, la que lo verá crecer y en la década de los 70 construir, junto a sus padres Soccorso Santoro y Celia Castellano de Santoro, el Grupo Empresarial Santoro. Un consorcio empresarial que abarca la industria, el comercio, la construcción, medios de comunicación y las finanzas -con 18 firmas en Venezuela- y presencia en República Dominicana y Estados Unidos.

Santoro es Ingeniero Agrónomo egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en 1990, aunque nunca ejerció su profesión, ya que se dedicó al mundo empresarial. Se define como un hombre “rico de cuna” que desde joven ha administrado las empresas de tradición familiar. Se declara amigo personal del ex ministro y gobernador del estado Aragua por el Partido Unido Socialista de Venezuela (Psuv) –hasta 2013 cuando fue acusado de corrupción y viajó a Estados Unidos- el teniente Rafael Isea. “Parte de mi riqueza se la debo a él y le estaré agradecido toda mi vida, por lo que condeno que lo estén persiguiendo para meterlo preso”, afirmó Santoro, cuando se le preguntó por Isea, en una entrevista reseñada por un portal web, el 14 de junio de 2015. Ambos amigos administraron juntos el Bingo Las Delicias y Cyber Club, que funcionaban en el Círculo Militar de Maracay.

El 14 de junio de 2015, José Luis Santoro, declaró -en una entrevista publicada por Primicias24.com- que su papel dentro de la entidad financiera era fungir como “un simple director”, mientras que Gabriel Jimenez Aray tenía el poder de decisión en la junta directiva y su administración.

Tres años antes, en marzo de 2012, se alzaba imponente el logo verde azulado del Banco Peravia, sobre un moderno edificio de ocho pisos de la recién inaugurada sede principal de la institución, en la avenida Winston Churchill de Santo Domingo, en República Dominicana. Por más de dos décadas, la sede estuvo situada en el municipio Baní, hasta noviembre de 2011, cuando fue adquirida por los empresarios Santoro y Jimenez Aray –abogado que había participado en 2010 en el litigio por la concesión de la Televisora Sindoni (TVS), en representación de la familia Sindoni, y ex secretario del Ministerio de Finanzas en 2008, cuando el ex alcalde de Aragua, Rafael Isea, era viceministro-.

En abril de 2011 la entidad financiera recibió planes de fortalecimiento por parte de la Superintendencia de Bancos dominicana, con la finalidad de fortalecer la institución. Todo estaba listo para lo que prometía ser una ola de inversiones importantes, desarrollo de nuevas herramientas financieras, atención al cliente, atractivos planes en materia de cartera crediticia, así como de adquisición de bonos que eran parte de las promesas de la nueva gerencia, sin embargo, no fue más que la creación de “un mundo de fantasías” -como la publicidad de las muñecas de la fábrica de Platicos Celia, de Santoro- que se comenzó a derrumbar con la quiebra de la institución. “Vamos a recibir a las personas con sus proyectos, si quieren desarrollar una idea les ofrecemos el soporte financiero y gerencial para que puedan realizar el negocio”, afirmaba Santoro.

En 2013 la nueva gerencia nombró al popular cantante venezolano, “El Puma” José Luis Rodríguez, como la imagen estratégica de la institución bancaria. Rodríguez se comprometió a preservar la imagen y la proyección de Peravia, mientras realizaba un recorrido por la entidad en compañía de Santoro y Nelson Serret -accionista minoritario y anterior dueño del banco- según reseñó el portal web dominicano, Listin Diario, el 1 de septiembre de ese año. “Vamos a recibir a las personas con sus proyectos, si quieren desarrollar una idea les ofrecemos el soporte financiero y gerencial para que puedan realizar el negocio. Queremos apostar a las ideas y le damos seguimiento porque el éxito del negocio es el éxito del crédito”, sostuvo Santoro.

En diciembre de 2014 comenzó la debacle. Las autoridades dominicanas detectaron, en la institución, un faltante de recursos por más de 28,8 millones de dólares. Suplantación de identidades, falsificaciones de documentos, otorgamiento de préstamos fraudulentos para pagar a proveedores y acreedores, créditos ficticios para los que los directivos utilizaron los datos de sus clientes y autorizaron préstamos a terceros, fueron los mecanismos usados por la nueva dirigencia del Peravia para desviar los fondos, reportó el informe de la Comisión de Disolución de la Superintendencia dominicana, reseñado por el portal web Contrapunto, y en el que se demostró que 80% de las operaciones de la entidad de ahorro y crédito eran simuladas y que los fraudes crediticios eran implementados desde 2005 –cuando el banco estaba en manos de la familia Serret-, y continuaron a partir de 2012, tras la venta y traspaso a los nuevos accionistas: Santoro y Jiménez Aray.

El 3 de marzo de 2015, cuatros años después de haber comprado las acciones del Peravia, la Fiscalía de República Dominicana dictó una orden en contra del magnate aragüeño, y fue pedido en extradición, acusado por presunta estafa, enriquecimiento ilícito, fraude bancario, lavado de activos y abuso de confianza. Las autoridades antillanas también solicitaron la detención de Cristina Martidionna de Santoro –esposa del empresario-, de su hija María Cristina Santoro Martidonna, Daniel Morales Santoro y, por supuesto, del abogado Gabriel Jiménez Aray.

 

Gabriel Arturo Jiménez Aray

El abogado venezolano Gabriel Arturo Jiménez Aray tuvo poca experiencia en la banca nacional de Venezuela ya que solo ocupó un cargo en la directiva del ya desaparecido Banco Hipotecario de Occidente. Esto hizo que su incursión en el sistema financiero de República Dominicana en mayo de 2012 causara sorpresa entre los banqueros venezolanos.

Pero en lo que sí tenía Jiménez Aray experiencia era en ser asesor jurídico de varias instituciones del gobierno chavista, comenzando por la Presidencia de la República, la Casa Militar, el Centro Simón Bolívar, el Gobierno de Caracas y el Ministerio de Economía y Finanzas, según reveló el portal Poderopedia.

Su relación con el gobierno venezolano ha sido tan estrecha que a su hijo, Gabriel Jiménez, lo señalan de ser el asesor y creador de la moneda digital petro, con la cual el chavismo ha pretendido conseguir la soberanía financiera del país y abandonar «el dominio» del dólar.

Una corte del Distrito Sur de La Florida en EEUU ordenó el pasado 19 de noviembre de 2018 hacer público el expediente CASE NO. 18-cr-80054-ROSENBERG a petición de la Fiscalía norteamericana, en donde se acusa al abogado y banquero venezolano. Tras las revelaciones de Andrade de haber recibido sobornos por 1.000 millones de dólares, se conoció que el Banco Peravia ubicado en República Dominicana sirvió para actividades de lavado de dinero.

De acuerdo a lo anunciado por las autoridades norteamericanas, Gorrín de 50 años fue acusado el 16 de agosto de 2018 en el Distrito Sur de Florida por cargos de conspiración por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y por nueve cargos de lavado de dinero. El caso se asignó al juez de Distrito Sur de Florida de los Estados Unidos, William P. Dimitrouleas. Por su parte, Andrade de 54 años, residenciado en Wellington, Florida, se declaró culpable bajo sello el 22 de diciembre de 2017 ante el juez de Distrito Sur de Florida, Robin L. Rosenberg.

Jiménez Aray de 50 años vivía en Chicago, Illinois (EEUU) luego de haberse fugado de República Dominicana. En su caso en territorio norteamericano también se declaró culpable bajo sello el 20 de marzo de 2018 ante el juez Rosenberg a un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.

La acusación formal alega que Gorrín pagó millones de dólares en sobornos a dos funcionarios venezolanos de alto nivel, incluido Andrade, para garantizar los derechos a realizar transacciones de cambio de moneda extranjera a tasas favorables para el gobierno de Venezuela. Además de transferir dinero para los funcionarios, al parecer Gorrín compró y pagó gastos relacionados con jets privados, yates, casas y apartamentos, caballos campeones de carrera, costosos relojes de marca y una línea de moda.

Para ocultar y lavar los sobornos pagados a los funcionarios venezolanos, Gorrín realizó pagos a través de múltiples compañías ficticias y se asoció con Jiménez Aray para adquirir el Banco Peravia en República Dominicana, generándole a su vez ganancias con dicho plan.

Como parte de su declaración de culpabilidad, Jiménez Aray admitió que conspiró con Gorrín y otros implicados para adquirir la entidad bancaria en suelo dominicano, a través de los cuales ayudó a lavar los fondos provenientes del soborno. Su sentencia está programada para el 29 de noviembre.

 

Fraude del Banco Peravia en República Dominicana

Las operaciones del Banco Peravia fueron detectadas como irregulares por las autoridades financieras dominicanas. Las distintas formas utilizadas para desviar los recursos obtenidos de sus clientes, muchos de ellos venezolanos que entregaron sus dólares a cambio de un certificado de ahorro que nunca se les otorgó, fue a través de suplantación de identidades, falsificaciones de documentos, otorgamiento de préstamos fraudulentos para pagar a proveedores y acreedores, pero también se sustrajeron fondos mediante créditos ficticios para los que los directivos utilizaron los datos de sus clientes y también autorizaron préstamos a terceros que luego eran desviados hacia las cuentas de los directivos o ejecutivos del propio banco.

Igualmente hubo préstamos a narcotraficantes que cumplían condenas en cárceles estadounidenses y hasta desvíos de transferencias bancarias, una que incluso afectó al Banco Central de Venezuela (BCV) por un pago de 3,59 millones de dólares para la compra de unas camionetas blindadas.

En el reporte de la Comisión de Disolución que la superintendencia dominicana preparó y que fue dado a conocer por el portal venezolano Contrapunto, se demuestra que 80% de las operaciones del Banco Peravia eran simuladas y que la «instrumentación de fraudes de créditos fue implementada desde el año 2005 por parte de los directivos de entonces, y que continuó a partir del año 2012 tras la venta y traspaso a los nuevos accionistas», es decir a José Luis Santoro y Gabriel Jiménez Aray.

Jiménez Aray ingresó al Ministerio de Finanzas de la mano de Rafael Isea, quien en 2008 estuvo brevemente al mando de ese despacho antes de ganar la gobernación del estado Aragua como candidato del PSUV. Muchos recordaran que tiempo después el ex mandatario regional decidió negociar con la DEA (Drug Enforcement Administration) para convertirse en testigo protegido. Hasta ahora se desconocen los aportes ofrecidos por Isea a la justicia norteamericana, pero desde entonces las autoridades han adelantado varios casos de lavado de dinero y de legitimación de capitales de funcionarios y empresarios venezolanos, especialmente de recursos provenientes de Pdvsa.

De vuelta al caso del Banco Peravia, los directivos de esta entidad entre ellos Jiménez Aray, fueron acusados también de abuso de confianza, fraude bancario, blanqueo de capitales, de tener relaciones con el narcotráfico y de tener en su junta directiva a un estafador de arte.

Las victimas, sus clientes, que demandaron a la institución financiera acusaron a los directivos de apropiación indebida de recursos, puesto que al ser una institución de ahorro y préstamo, no estaba autorizado para captar divisas extranjeras.

Según informaciones publicadas por varios medios, Jiménez Aray abandonó República Dominica en noviembre de 2014, para aterrizar posteriormente en Atlanta, EEUU.

En el mes de junio de 2019 el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional de República condenó a cinco de los ocho imputados por la quiebra del Banco Peravia.

Las juezas condenaron a siete años de prisión y al pago de dos millones de pesos a los imputados Nelson Serret y a Yessenia Serret Aponte, a quienes consideraron como los que tenían mayor responsabilidad penal en el caso.

Mientras que los imputados Jorge y Carlos Serret fueron condenados a tres años de prisión y al pago de un millón de pesos. En tanto que Pausides Donato Rodríguez fue condenado a dos años de prisión por complicidad.

Fueron condenados por asociación de malhechores, estafa, abuso de confianza, por falsedad de escritura de banco y privada y violación a la Ley Monetaria y Financiera.

El tribunal descargó a los imputados Rolando y Nelson Cabral Veras y al excapitán Florentino de Jesús Acosta y ordenó el cese de las medidas de coerción que pesaban contra suyas.

Los primeros cuatro condenados tendrán que pagar una indemnización superior a los mil 888 millones de pesos a favor de las instituciones financieras del Estado como el Banco Central y la Superintendencia de Bancos, además de varias empresas que se constituyeron en actores civiles y varios querellantes que fueron intervinientes voluntarios en el proceso.

En sus conclusiones el Ministerio Público solicitó que los imputados Jorge Serret, Nelson Serret, Carlos Alberto Serret, Yesenia Serret Aponte, Nelson Cabral Veras y Rolando Cabral Veras, fuesen condenados a 20 años de prisión y el pago cada uno de una multa de RD$2,500,000.00.

Asimismo, pidió 10 años de reclusión y el pago de una multa de RD$1,250,000.00 contra los acusados Paucides Morales Rodríguez y Florentino De Jesús Acosta.

 

Pandora Papers

Alrededor de 2010, Raúl Gorrín Belisario se asoció con Gabriel Arturo Jiménez Aray para adquirir el Banco Peravia para ayudar en el lavado de sobornos pagados a funcionarios venezolanos y las ganancias de este y otros esquemas, reseñó Armando.info.

A la cabeza de José Luis Santoro, un grupo de venezolanos aterrizó en 2011 en Santo Domingo para entrar en el sistema financiero local haciéndose de un pequeño banco. Lo compraron y en cuestión de tres años se comieron el dinero de los ahorristas, a través de préstamos fraudulentos y tarjetas de crédito con identidades falsas.

Lo que en Santo Domingo fue denunciado como un robo, años más tarde fue procesado en las cortes de Miami como un esquema para enviar dinero venezolano a Estados Unidos con escala en República Dominicana.

El segundo a bordo de la institución financiera, el venezolano Gabriel Jiménez Aray, fue detenido y condenado tres años después, pero en Estados Unidos. Allí y ante la corte del Distrito Sur de La Florida admitió que con Gorrín y otros “tomaron la decisión de utilizar el Banco Peravia para pagar sobornos a funcionarios del gobierno venezolano, a cambio de contratos para llevar a cabo esquemas de cambio de divisas y lavar el dinero obtenido de ejecutar esos esquemas de cambio de divisas”.

Otros de los responsables de la quiebra del Peravia siguen prófugos. Entre ellos figura el ciudadano venezolano-estadounidense Lorenzo Alejandro Laviosa López, cuyo abogado fue precisamente el mismo ciudadano dominicano, de nombre Ángel Encarnación, que los archivos privados del bufete Trident Trust de las Islas Vírgenes lo muestran al frente de la empresa Settingsung Group y del terreno en Punta Cana que recibió del ex escolta de Chávez.

Encarnación, ahora funcionario del gobierno del presidente Luis Abinader, responde que a Laviosa lo conoció en Estados Unidos en el año 2015 “no en calidad de venezolano, sino de ciudadano norteamericano”, y luego mantuvo comunicación telefónica con él para representarlo hasta 2016 frente a los cargos por los que aún lo solicitan en Dominicana.

 

Fuente: Prensa América