En solo tres años y tres meses el Zulia pasó de ser el más importante estado petrolero de Venezuela a mutar en veloz transición en una entidad en ruinas que sirve como guarida al mayor centro de complot para el saqueo, la extorsión, expropiación de empresas y lavado de dinero del crimen organizado en la frontera noroccidental con Colombia. 

El 10 de diciembre del 2017 comenzó una historia de corrupción inaudita e implacable desde la gobernación del Zulia, luego que la ANC ilegítima arrebatara el triunfo al opositor Juan Pablo Guanipa, para imponer una ficha del PSUV radical en la figura de Omar Prieto Fernández, para beneficio exclusivo de una cúspide del régimen que permitió la destrucción de un legado de empresas para enriquecer groseramente a un pequeño grupo de personajes civiles y militares a costa del hambre, la privación del derecho a la vida y el ataque despiadado a la propiedad privada. 

Prieto venía de ser el alcalde del municipio San Francisco, aledaño a Maracaibo, con múltiples acusaciones de manejos irregulares de los recursos públicos, arbitrariedades, amenazas y persecuciones policiales. La nueva alianza lo obligó a romper con su principal mentor político, Rodrigo Cabezas, de quien fuera su suplente en la Asamblea Nacional, y a quien denominó “traidor” y “transexual político”, luego que hiciera propuestas a Juan Guaidó como jefe del Parlamento para salir de la crisis.

Durante los primeros meses de su gestión Prieto se dedicó a descalificar como corrupto e investigar públicamente la gestión de su antecesor chavista, el teniente coronel golpista del 4F, Francisco Arias Cárdenas, uno de sus principales enemigos políticos régimen adentro; así como minimizar la maniobrabilidad política y operativa de la oposición y defenestrar la salud empresarial de la entidad.

Comenzó con el diputado opositor Juan Pablo Guanipa, a cuya familia en un acto de venganza política le clausura ilegalmente los tres reconocidos y exitosos restaurantes denominados “Té con Té”. Luego ordenó atacar los comercios ligados al ex gobernador Arias Cárdenas, a quien acusó de liderar una conspiración dirigida para tumbar a Nicolás Maduro.

Convertidos en el triunvirato de la corte chavista en el Zulia, Prieto  comienza desde el 2018 a extorsionar a empresarios privados, incautar propiedades de quienes manifestaran ideas diferentes o se sumaran a los paros convocados por la oposición. El propósito era destruir la confianza y la economía del otrora principal emporio financiero y empresarial del país.

“Nosotros no somos empresarios, somos el gobierno bolivariano. Este es nuestro mensaje: empresarios que quieran meterse en la política les vamos a responder como políticos. El que venga a atacar las políticas del presidente Maduro tendrán una respuesta contundente. El que haga guarimbas y destrozos no sólo le retirarán las licencias, también se le incautarán propiedades”, dijo Prieto en su primera declaración de guerra a los empresarios.

 

Fuente: Dámaso Jiménez | venezuelausa.org