El dinero expoliado en Venezuela a través de Petróleos de Venezuela (PDVSA) es ingente. Se calcula que durante la Presidencia de Rafael Ramírez se pudieron haber sacado del país sudamericano más de 100.000 millones de dólares que terminaron en paraísos fiscales como Hong Kong o las Islas Caimán y que, a través de complicados entramados de empresas interpuestas acabaron en distintos países de la Unión Europea.

Según un reporte de Roberta Biancarelli para Diario 16, un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional española señala los movimientos realizados a través de la empresa Grupo EIG Multimedia S.A.R.L., domiciliada en Luxemburgo, con administradores venezolanos, algunos de ellos no domiciliados en la UE. En concreto, el documento señala una transferencia recibida por dicha empresa de la Corporación Venezolana del Petróleo, una filial de PDVSA.

Según el informe de la UDEF, la sociedad domiciliada en Luxemburgo (un país con unas políticas fiscales muy laxas y donde están implantadas importantes multinacionales para eludir el pago de impuestos) abrió en los meses de enero y mayo de 2014 dos cuentas en ING Luxemburgo. El 10 de junio de ese mismo año se recibió a favor de EIG en una de esas cuentas una transferencia remitida por la Corporación Venezolana del Petróleo por valor de 6.130.000 euros, operación que, según la UDEF, «no se considera justificada».

Según el mismo informe policial, tanto Grupo EIG Multimedia SARL como otras empresas ligadas a sus administradores forman parte de una compleja estructura societaria conformada por empresas domiciliadas en distintos territorios, detectándose la entrada de un importante volumen de fondos con origen, entre otros, en Luxemburgo y Hong Kong entre diciembre de 2013 y abril de 2015. Estas fechas son muy importantes dentro del contexto de PDVSA, puesto que coinciden con los últimos meses de la Presidencia de Rafael Ramírez, el hombre a cuya sombra creció una presunta trama de socios, asesores y familiares destinada a expoliar los recursos de Venezuela.

Sorprende que, tras estas revelaciones por parte de la investigación de la UDEF, tanto ING como las autoridades bancarias de Luxemburgo permitieran una transferencia de este tipo que, presuntamente, podría haber violado las directrices marcadas por las políticas anti-blanqueo de capitales de la Unión Europea, entonces regidas por la Directiva 2006/70/CE de la Comisión.

Además, según ha podido saber Diario 16, aun no se sabe si esa transferencia en concreto ha sido declarada en los registros pertinentes, aunque pasaron años sin que lo fuera. Lo que sí es cierto es que, a día de hoy, aún no ha sido presentada a través de algún balance o documento a los accionistas minoritarios de esa compañía.