En llamativo contraste con la ola reprivatizadora que su tío, el excomandante y ministro Wilmar Castro, lleva adelante en la agroindustria, el sobrino, Luis Soteldo, se convirtió en el verdugo de la propiedad privada en el campo venezolano durante su gestión al frente del Instituto de Tierras hasta 2020, despojando predios en contra de decisiones judiciales e informes hechos por su misma entidad. Su sucesor, Luis Mendoza, hizo otro tanto, a nombre de una proclamada “soberanía alimentaria” que no produce casi nada.

Al mediodía del 4 de marzo de 2020, a los dueños de la Agropecuaria Rancho Moderno, una finca ubicada en el municipio Antonio José de Sucre del estado Barinas, en los Llanos Occidentales de Venezuela, les llegó la notificación del Instituto Nacional de Tierras (INTI): su unidad sería “rescatada”. El organismo oficial también les comunicaba que los propietarios tenían 60 días para defenderse en un tribunal, contados a partir de la notificación.

“Rescatar” es el eufemismo con el que la autodenominada Revolución Bolivariana llama a la toma de predios sin reconocimiento de la propiedad privada y sin pagar la indemnización obligatoria en una expropiación ya que, luego de la reforma de la Ley de Tierras de 2005, todas las tierras de Venezuela se consideran públicas hasta que los propietarios obtengan el Registro Agrario Simple tras presentar la cadena titulativa completa.

El entonces presidente del organismo, Luis Fernando Soteldo, ordenó rescatar las 286 hectáreas del Rancho Moderno para entregárselas a unas personas que se decían campesinos y que habían ocupado y reclamado el predio. En el ínterin, saquearon las instalaciones y afectaron la producción de la finca. Es el mismo modus operandi que, según la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga), ha ocurrido en al menos otros 500 predios.

La orden de Soteldo desconocía el Título de Adjudicación de Tierras y la Carta de Registro Agrario emitidas por el mismo INTI en 2012, documentos que certifican no sólo la propiedad, sino también la producción del predio.

En otras palabras, en ese periodo de cuatro años se intervinieron 41% del total de tierras entregadas desde 2001, cuando el entonces presidente Hugo Chávez declaró la “guerra contra el latifundio”. Las nueve millones de hectáreas repartidas en las últimas dos décadas equivalen, en palabras del ministro de Agricultura y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, a casi la mitad de las tierras aptas para la actividad agropecuaria en la región de Los Llanos.

En suma: en el último quinquenio se recrudeció la política oficial de toma de tierras. Y esa política adquirió tonalidades de una verdadera razzia durante la gestión de Luis Soteldo, con carácter de viceministro, en el INTI.

“Las intervenciones nunca se han detenido, pero recrudecieron de manera delincuencial a partir de la llegada de Luis Soteldo al INTI”, aseguró una fuente del estado Yaracuy, en el centro occidente del país. “Yo tengo una vida relacionada con el INTI. Yo viví lo que fue Juan Carlos Loyo y la era de Elías Jaua [antiguos encargados chavistas del área, distinguidos por su fundamentalismo], y puedo decir que no ha habido un periodo de más malandraje en el INTI como el de Luis Soteldo y Luis Mendoza”, sentencia el declarante, quien sufrió en carne propia ese expolio y pide mantenerse en el anonimato.

Armando.info trató de comunicarse por vía telefónica con Luis Soteldo pero no respondió las llamadas. Mendoza, por su parte, respondió a la llamada y pidió que se le enviara por correo electrónico las preguntas, pero luego no emitió respuesta alguna. Castro Soteldo tampoco contestó las llamadas telefónicas.

Resulta llamativo, pero la intensificación de esa política de tierra conquistada parece representar lo opuesto de la política de reprivatización de activos estatizados por el régimen, que bajo la admonición de una supuesta “burguesía revolucionaria” -al parecer, constituida por sus más allegados- adelanta desde su despacho el ministro Castro Soteldo, ex comandante de la Aviación y uno de los oficiales del grupo golpista original de Chávez en 1992. Castro Soteldo, además, es tío de Luis Soteldo; es decir que, en medio del paroxismo expropiador del sobrino, el viceministro, este reportaba a su tío, el ministro.

Armando.info cubrió las historias de 17 fundos privados ubicados en los estados Barinas, Zulia, Mérida y Lara, afectados desde el inicio de la administración de Luis Soteldo al frente del INTI, en octubre de 2017.

En casi todos se comprueba una realidad que el propio ministro Castro Soteldo ha reconocido en público: la mitad de las áreas rescatadas permanecen improductivas. Pero se agrega un aspecto particular de esa gestión: de los 17 casos, 14 fueron resultados de la intervención oficial, con órdenes de rescate firmadas en Caracas, sobre predios que estaban productivos para el momento.

 

El lote de las tierras

 

En estos días, como si de los resultados de la lotería se tratara, el INTI publica frecuentemente en Instagram los números de cédulas de identidad de quienes han sido beneficiados con una adjudicación de tierras, culminación de un proceso que comienza en las oficinas de esa institución en Caracas.

Así lo explicó a Armando.info una exfuncionaria del INTI del periodo de Soteldo, que también solicitó mantener su nombre en reserva: entonces el instituto enviaba desde Caracas comisiones de técnicos a inspeccionar fincas que habían sido invadidas, saqueadas y denunciadas como tierras ociosas, a pesar de que las oficinas regionales del INTI habían realizado informes que a menudo constataban la producción de los predios. “Nosotros enviábamos todos los informes como eran, pero si Caracas tomaba una decisión, ya era Caracas, no era regional”.

“Hubo muchas tierras que supuestos campesinos invadieron y dejaron improductivas. El INTI desde Caracas mandaba comisiones y comisiones y comisiones que no reconocían las invasiones ni las acciones de los supuestos campesinos dentro de las fincas. No sé con qué fin, pero primero prevalece el campesino, no importa qué tan productiva sea la finca. Incluso tomaron una decisión de rescatar una finca que estaba en producción. Fue a nivel de Caracas, no fue a nivel regional la decisión de ese rescate», agregó la fuente.

En otros tres fundos afectados de los 17 estudiados ni siquiera hubo procedimiento administrativo previo de rescate. De una vez, el INTI autorizó a los ocupantes el uso de las tierras invadidas, como sucedió en la Agropecuaria La Central, en Quebrada Arriba, municipio Torres del estado Lara, ocupada en julio de 2020. Un año después, el instituto autorizó a los invasores a que usaran las 62 hectáreas tomadas por vía de hecho de las 512 hectáreas que tiene la unidad, donde se producían 1.200 litros de leche al día y animales para el engorde.

En otras diez de las 17 fincas documentadas por Armando.info afirman haber sido extorsionados: siete por funcionarios del INTI, dos por invasores y uno por un oficial de la Guardia Nacional y una funcionaria del sistema judicial agrario. En tres de estos predios (uno en Zulia y dos en Barinas) coinciden en que fueron contactados por personas que se identificaron como funcionarios del INTI y que se presentaron como enviados de Luis Soteldo y Luis Mendoza.

Armando.info se comunicó con el actual presidente del INTI para consultarle sobre estas y otras denuncias, y aunque se recibió respuesta al saludo por WhatsApp, no contestó a las cuatro solicitudes de entrevista que se le hicieron y bloqueó al periodista.

 

Porque así se decidió

Los testimonios de los productores muestran un patrón que se repite en los estados llaneros del occidente de Venezuela, donde se ubican las tierras más valiosas y donde se concentran la agroindustria y 70% del rebaño nacional. Explican que sus unidades son invadidas y saqueadas hasta dejarlas con un aspecto de improductividad por parte de grupos de supuestos campesinos que, al mismo tiempo, denuncian las tierras como ociosas.

Enseguida, el INTI envía técnicos para realizar una inspección que deriva luego en una serie de atropellos. Los propietarios no reciben los informes de las inspecciones y desconocen los resultados de los estudios hasta que llega la orden de rescate firmada por el presidente de la institución. También se encuentran con que los daños patrimoniales ocasionados por los destrozos no fueron reflejados en los informes. Además, los datos que aparecen en la notificación para justificar el rescate son incorrectos e imprecisos, no solo los de la producción, incluso la información básica de las fincas.

Así le sucedió a Rogelio Enrique Arteaga Parra, propietario de Buena Esperanza, en el estado Zulia. De acuerdo a la notificación de rescate, la finca se ubicaba en el sector km 27, parroquia Moralito, municipio Colón; en realidad, se sitúa en el sector Chimomó, zona San Francisco del Pino, parroquia Monseñor Arturo Celestino Álvarez, municipio Sucre. Además, señalaba que el 5 de mayo de 2018 los ingenieros Sonia Muñoz y Wilmer Contreras y el gerente de técnica agraria, Hugo Díaz, enviados por Soteldo desde Caracas, habían realizado una inspección técnica en la que se conversó con el «representante» Mario José Leal Reyes y el “encargado” Ángel Avendaño, a quienes el propietario de la finca asegura desconocer.

Los “Luises” —Soteldo y Mendoza— ignoraron cadenas titulativas presentadas por los dueños de las fincas, se llevaron por delante disposiciones del mismo INTI que constataban la producción y el aporte al abastecimiento nacional de las fincas, y violaron sentencias judiciales tomadas por tribunales agrarios a favor de los predios.

Cinco días antes de que Soteldo firmara la orden de inicio de rescate del fundo Buena Esperanza, el 17 de mayo de 2018, el Juzgado Agrario Primero de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial de Zulia había dictaminado que la unidad, de 993 hectáreas, se encontraba “alineada a los parámetros exigibles por el Estado” con una producción anual de 3.113,75 kilos de carne, 9,36 hectáreas de superficie dedicadas plátano, 3,64 hectáreas de yuca y 1,57 hectáreas de ocumo “para el consumo de los venezolanos”.

El tribunal también denunció la invasión “por parte de terceros” que cometieron “robo y sacrificio de ganado vacuno y hurto de diferentes bienes muebles de la propiedad”. Por esta razón, otorgó una medida de protección de la actividad agropecuaria por una vigencia de dos años, hasta 2021, y ordenó notificar la decisión a la Oficina Regional de Tierras del municipio Maracaibo y a la Presidencia del INTI en Caracas.

Pero nada de eso fue acatado por Soteldo. Ordenó la intervención de la tierra alegando que tenía “una improductividad de 70% de la superficie total” y, en agosto de 2018, fue personalmente al fundo a entregar la orden de rescate, cuenta el propietario. Soteldo entregó títulos sobre 625 hectáreas de la finca, también redactados y firmados por el abogado Luis Rivero.

En sus redes sociales publicó una foto del acto de entrega de documentos.

A finales de 2021 a Arteaga, el dueño de la finca Buena Esperanza, solo le quedaron 288 hectáreas, 29% del total del predio. La producción de leche y carne se perdió.

 

 

Fuente: Expresa