La familia del empresario venezolano está vinculada con propiedades millonarias del sur de la Florida. Él importa caballos purasangre de Kentucky, tiene inversiones en una mina de oro gigante y disfruta de lucrativos contratos de construcción otorgados por el gobierno chavista al que Estados Unidos está tratando activamente de excluir del sistema financiero internacional.

Y sin embargo, diplomáticos occidentales dicen que no han escuchado su nombre. No figura en ninguna de las listas de sanciones estadounidenses, aun cuando está entre un puñado de empresarios que han amasado una gigantesca fortuna bajo los regímenes de Hugo Chávez y de su sucesor, Nicolás Maduro.

Los venezolanos tienen un nombre para ese tipo de empresarios, les llaman boliburgueses en un juego de palabras que hace referencia a la nueva burguesía que surgió bajo la sombra de la denominada “revolución bolivariana” de Venezuela.

Ceballos, de 62 años, dirige junto a sus hermanos un gran negocio de la construcción a través de su principal empresa, Inversiones Alfamaq. La compañía realiza proyectos de obras públicas y construye viviendas gubernamentales en Venezuela. La empresa familiar, de tercera generación, es anterior a los gobiernos socialistas de Venezuela.

La familia restauró el hipódromo más conocido de Venezuela, La Rinconada, y participa activamente en el hipismo en su país y en Estados Unidos, a través de su empresa Grupo 7C Racing Stable.

Ese mismo año Alfamaq, y sus socios con direcciones de Miami, invirtieron alrededor de $34 millones para adquirir una participación de aproximadamente el 10% en la canadiense Gold Reserve Inc. que aspira desarrollar una mina de oro gigante en el estado Bolívar pese a las sanciones estadounidenses al sector aurífero venezolano.

Pero un banco de Miami consideró que era arriesgado hacer negocios con el magnate venezolano y su familia.

El banco presentó a los reguladores dos informes de actividades sospechosas (SAR por sus siglas en inglés), que detallan transacciones por aproximadamente $262 millones entre abril del 2013 y enero del 2014 realizadas entre bancos y compañías offshore.

 

Fuente: Expresa.me