Albino Ferreras Garza no tiene miedo de exponer su reputación. Es asesor jurídico de personajes como Diego Salazar, Luis Mariano Rodríguez, Rafael Sarría y Fidel Ramírez, señalados como parte de intrincadas redes que medraban de Pdvsa mientras recibían decenas de millones de dólares en sobornos y comisiones. Como todo el mundo tiene derecho a la defensa, aquello no sería una rareza a no ser porque comparte con los susodichos la dirección o representación de varias empresas, recibió pagos desde cuentas tenidas por sospechosas y dirige una compañía con lazos necesariamente buenos con el Estado.

El 11 de enero de 2016, Albino Ferreras Garza sufrió el que acaso fue el peor revés de su dilatada carrera. Ese día, el Tribunal Constitucional de Andorra desestimó el recurso de amparo que el abogado venezolano había presentado poco antes, solicitando se suspendieran las comisiones rogatorias enviadas por ese país a Estados Unidos, España y Venezuela, en busca de información sobre 30 ciudadanos venezolanos, entre ellos, él mismo.

Según los cargos judiciales, Ferreras era sospechoso de participar en una trama de lavado de dinero cuyos montos superaron los 2.000 millones de euros. El esquema, que usó como caja de caudales uno de los mayores bancos del principado pirenaico, la Banca Privada de Andorra (BPA), fue denunciado en primer lugar por las autoridades del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y a la larga dio al traste con el propio banco, con su sucursal en España, el Banco Madrid, y con la reputación de Andorra como un confiable paraíso fiscal, impenetrable al escrutinio de intrusos.

La denuncia de Washington detectó tramas corruptas con clientes rusos, chinos y venezolanos. Esta última terminó por ser la causa 2015-23 i 25-RE de la justicia andorrana, ante la cual Ferreras interpuso su recurso, que terminó pareciéndose más a una confesión que a un descargo. Los alegatos del jurista dejaron en claro el rol que venía desempeñando en la red que se tejió en torno a la petrolera estatal Pdvsa, por la que funcionarios y familiares del entonces presidente de la empresa, Rafael Ramírez Carreño, cobraban millonarias comisiones ilegales a empresas, disfrazadas de “asesorías”, para otorgar contratos con el Gobierno venezolano. Las comisiones se pagaban a empresas en Panamá constituidas para tal fin, que luego giraban a la BPA.

Con “vigor”, según refiere el dictamen, Ferreras Garza argumentó ante el juzgado que no era funcionario público ni director de una subsidiaria de Pdvsa, como se señalaba en la rogatoria, sino tan solo “asesor jurídico de los Sres. Diego Salazar y Luis Mariano Rodríguez”, revelando así el servicio que viene prestando dentro de las altas esferas del chavismo: el de un coach de soluciones jurídicas para redes financieras que permitan mover los dineros habidos de mala manera.

Lo que Ferreras no pudo negar ante esta corte fue que recibió dos pagos en una cuenta a su nombre en el principado de Andorra y que estas transferencias, cuyos montos el Ministerio Fiscal de ese país calificó de “ingentes”, fueron hechas por Diego Salazar y Javier Alvarado, dos de los principales protagonistas del esquema irregular investigado por las autoridades del país de los Pirineos.

“El hecho esencial que justifica la indagación es la recepción no discutida por su parte de unas cantidades de dinero que no son insignificantes procedentes de ciertas personas, indiciariamente o hipotéticamente involucradas en hechos graves de blanqueo de sumas muy elevadas de dinero”, sentenció el juzgado para desestimar los alegatos del jurista sobre la violación al debido proceso y el derecho a la intimidad.

Los depositantes de Ferreras Garza estaban entre los actores principales de la trama de la BPA.  Diego Salazar, por ejemplo, al que Ferreras admitió asesorar, es primo de Rafael Ramírez y es señalado por las investigaciones como el cabecilla de esta red de pago de sobornos entre los años 2007 y 2012. Apodado El señor de los relojes, se hizo famoso por gestos de ostentación saudí, como el reparto de relojes Rolex entre los invitados a una de sus fiestas o una propina de decenas de miles de euros que dejó en un hotel de París y que, para su desgracia, llamó la atención de las autoridades antiblanqueo de Francia. Tras perder el favor del gobierno de Maduro al mismo tiempo que Ramírez, fue detenido y permanece recluido en el Helicoide, una de las sedes en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin, policía política).

Javier Alvarado, por su parte, fue viceministro de Desarrollo Energético y está bajo investigación en España por la presunción de que cobraba comisiones a empresas de ese país para obtener contratos en el sector eléctrico venezolano. De acuerdo con la investigación de Andorra, manejó cinco depósitos y cuatro sociedades que percibieron 46,5 millones de euros. Fue detenido en Madrid el 9 de mayo de 2019. Estados Unidos pidió su extradición por acusaciones de lavado de dinero, pero el país ibérico negó la solicitud argumentando que ya era investigado por ese delito en su territorio y que el exfuncionario posee la nacionalidad española. Fue puesto en libertad condicional en septiembre de 2019 luego de pagar 90.000 euros de fianza.

Rodríguez Cabello, el otro asesorado por el letrado, famoso por aparecer en una grabación ofreciendo un soborno al gerente de la BPA, Pablo Laplana, para que se detuvieran las pesquisas, es considerado el principal operador de Salazar ante esa entidad bancaria y se entregó a las autoridades españolas en 2018. Su nombre también está asociado a la génesis de las investigaciones andorranas, pues era representante de Highland Assets Corp, una de las principales receptoras de las comisiones pagadas por empresas chinas y desde cuya cuenta bancaria fue hecha una transferencia a un empleado de un hotel en París por 99.980 euros —un monto mayor a la fianza pagada por Alvarado—, registrada como “propina por servicios prestados” y atribuida a Salazar, lo que activó las alarmas de la Agencia Contra el Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo de la República Francesa (Tracfin).

Así quedó documentado un mapa apenas incipiente de las relaciones peligrosas de este multifacético abogado, cuyos vínculos con la élite del chavismo se encuentran asentados no solo en la jurisprudencia andorrana, sino también en los registros mercantiles de Panamá y Estados Unidos y que, además, cuenta con experiencia en la junta directiva de empresas venezolanas vinculadas con distintos despachos ministeriales, especialmente en el sector petroquímico.

 

Fuente: Armando Info